El Consejo de Gobierno ha analizado y estudiado el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las características territoriales y demográficas de la Comunidad. Así mismo la Ley se adapta a la nueva organización del territorio derivada de la normativa de ordenación servicios y gobierno del territorio de Castilla y León y supone una adaptación a la normativa europea y básica estatal, y ordenará una regulación adaptada a las nuevas realidades, resultando un sistema de transporte de viajeros eficiente y competitivo. La Junta considera que la modernización del sistema de transporte es clave para lograr el progreso social y económico de la Comunidad.
Consejo de Gobierno del 16 de marzo de 2017
El Consejo de Gobierno ha analizado y estudiado el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las características territoriales y demográficas de la Comunidad. Así mismo la Ley se adapta a la nueva organización del territorio derivada de la normativa de ordenación servicios y gobierno del territorio de Castilla y León y supone una adaptación a la normativa europea y básica estatal, y ordenará una regulación adaptada a las nuevas realidades, resultando un sistema de transporte de viajeros eficiente y competitivo. La Junta considera que la modernización del sistema de transporte es clave para lograr el progreso social y económico de la Comunidad.
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
El Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que prepara la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo informe ha conocido hoy el Consejo de Gobierno, recoge el reconocimiento legal del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal. Así mismo, pone en primer plano al ciudadano regulando por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a la Administración. Se propicia la incorporación de las nuevas tecnologías para la gestión de los servicios y de las infraestructuras y una mejora en la información dirigida a los ciudadanos, junto por una apuesta por la calidad en el transporte.
El nuevo texto legislativo pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, y dar respuesta a la realidad de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, todo ello con el máximo aprovechamiento de los recursos.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente justifica también la necesidad de aprobar una nueva ley de transporte de viajeros por carretera por razones de eficiencia y movilidad derivadas de las peculiaridades territoriales y demográficas de Castilla y León, con una extensión territorial de 94.000 km2, la más grande de España; una baja densidad demográfica, 27 habitantes por kilómetro cuadrado, la tercera más baja de España ;una amplia dispersión geográfica, el 80 % de la población vive en el 12 % de los municipios; y el envejecimiento acusado, especialmente en el medio rural, lo que determina una mayor dependencia del transporte público.
La futura ley permitirá diseñar una red de infraestructuras que responda a criterios de modernización, confort y seguridad, en las que puedan implementarse acciones e instrumentos para su sostenimiento, financiación y gestión.
Al mismo tiempo existen razones jurídicas que hacen obligatoria la adaptación a la nueva normativa estatal y europea, de un lado, y a la propia legislación autonómica, de otro, con la aprobación de la ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. A efectos de la aplicación al modelo de ordenación del territorio de Castilla y León, la presente ley distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte (urbano e interurbano). Distingue unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, posibilitando el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los servicios de transporte que acceden a las capitales de provincia o a centros urbanos de mayor entidad. Regula también la movilidad en la red de espacios naturales promoviendo la accesibilidad a la misma y la compatibilidad con su régimen de explotación.
Así mismo, la nueva norma agrupará en un solo texto todas las competencias de la Comunidad en materia de transporte de viajeros, que ahora recoge la ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, aprobada en 2002, y que es necesario reemplazar.
Además confluye el próximo vencimiento en 2019 del actual sistema ‘concesional’ de transporte público regular interurbano de viajeros que, por imperativo del derecho comunitario, no se puede prorrogar.
En este sentido, destaca como novedad la regulación de los contratos zonales, como fórmula más adecuada para la prestación de los servicios en Castilla y León y constituyéndose en tipo contractual de referencia en la explotación de este servicio público, propiciando que el transporte de uso especial (escolar) se preste a través del sistema concesional de transporte de uso general. Esta medida conllevará un significativo incremento de la oferta de servicios a los ciudadanos y una mejor asignación de recursos dedicados a los mismos, tanto en lo que se refiere a su financiación como al material rodante.
La nueva norma incorpora el Transporte a la Demanda y supone el reconocimiento legislativo de este sistema de gestión del transporte público, un referente en España que ha demostrado su utilidad es ámbitos territoriales de difícil cobertura, permitiendo que los ciudadanos de las áreas rurales, tengan los mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades y que ha significado un hito en esta Comunidad Autónoma por su alto nivel de desarrollo tecnológico.
La propuesta legislativa elaborada por el Gobierno de la Comunidad incluye también la regulación del régimen de autorizaciones y licencias para el transporte urbano en autobús y taxi y para los servicios de transporte turístico. Respecto al ámbito de planificación y coordinación, está prevista la creación de una serie de instrumentos, entre ellos, un mapa de ordenación de trasportes, consorcios de transportes, planes de movilidad sostenible y áreas territoriales de prestación conjunta en materia de taxis.
Por otro lado, la nueva ley incluye la regulación de las infraestructuras complementarias al transporte, declarando su “publicatio“, e incorporando el régimen aplicable a las estaciones de transporte de viajeros por carretera como principal elemento auxiliar de transporte. Así mismo, procederá a un reconocimiento legal, a nivel autonómico, de las Juntas Arbitrales de Transporte y del Consejo de Transportes de Castilla y León y regulará el régimen de inspección, infracciones y sanciones.
El modelo actual de transporte público de viajeros presenta una red de servicios articulada, la mayoría de los casos, en largos itinerarios que conectan con la capital de provincia o áreas funcionales, y expediciones con escasa ocupación, lo que determina una baja o deficitaria rentabilidad que dificulta su mantenimiento, por lo que se hace necesario aportar fondos públicos para garantizar la supervivencia del sistema. En los últimos cinco años, la Junta de Castilla y León ha realizado un importante esfuerzo financiero, de más de 68 millones de euros, en concepto de ayudas a los servicios de transporte público de viajeros deficitarios. En este sentido, una de las novedades que recoge la futura ley es un régimen de financiación del transporte público para asegurar su sostenibilidad económica y financiera, algo destacable dado que España es uno de los escasos países de la Unión Europea que carece de una norma específica en la materia.
El anteproyecto de ley se someterá a participación ciudadana a través de diferentes cauces de comunicación y de los preceptivos trámites de audiencia e información pública. Además de lo anterior, será informado por el Consejo de Transportes de Castilla y León como órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial en todos aquellos asuntos que afecten a la política general de transportes de Castilla y León, lo que garantiza que la propuesta normativa sea debatida y analizada desde el diálogo y el máximo consenso empresarial y social.
En su fase final, y tras remitir el texto el resto de las consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, será informada por el Consejo Económico y Social dada la trascendencia socio económica de la norma, y además se someterá a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León como garantía de respeto del ordenamiento jurídico.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la celebración del contrato de arrendamiento de 538 vehículos para el periodo 2017-2022 con destino a los Servicios Territoriales de Fomento y Medio Ambiente por un importe de diez millones de euros. Con este contrato, la Junta renovará y modernizará más del 70 % de los vehículos destinados al trabajo de campo de celadores y agentes medioambientales. De esta manera se cumple el compromiso de legislatura de elaborar un Plan de Seguridad que ofrezca la mayor garantía de protección para el desempeño de las funciones de los agentes medioambientales. Esta mejora que se completa con la regulación y renovación de los uniformes y distintivos, ya en marcha, y el servicio de geolocalización mediante el dispositivo móvil que se pondrá en marcha próximamente dentro del contrato de telefonía de la Junta de Castilla y León, actualmente en trámite, junto con otras medidas de mejora de la seguridad en el ejercicio de sus funciones.
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El objeto del contrato es el suministro, en régimen de arrendamiento, mantenimiento y seguro incluidos, de 481 vehículos todo terreno y 57 vehículos pick-up con doble cabina, cuyas características técnicas mínimas deberán ser 4x4 con reductora y un consumo combinado mínimo. Cada vehículo viene equipado con todos los elementos necesarios para la circulación en vías públicas, de acuerdo con la legislación vigente. La flota deberá ser de color blanco, rotulada con la colocación de vinilos conforme al diseño que facilitará la Consejería, que incluirá identificación numérica de cada vehículo. Todos los vehículos se entregarán nuevos, matriculados a nombre del arrendador y en perfecto estado de circulación tanto funcional como administrativa.
Además corresponderá al adjudicatario del contrato las gestiones relativas a la ITV, el mantenimiento integral, revisiones, reparaciones, sustitución neumáticos, gastos desplazamientos en grúa, etc., seguro y las posibles sanciones derivadas del estado del automóvil, de la documentación administrativa o de la falta revisiones.
Con este contrato, que mantendrá su vigor hasta el año 2022, más del 70 % de los vehículos serán nuevos y el resto tendrá una antigüedad inferior a los diez años, se reduce de forma importante los gastos de mantenimiento, incluido el consumo, y la nueva flota dará una imagen de modernidad con los signos identificativos de la Junta de Castilla y León uniformes.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente entiende también que esta renovación mejora las condiciones de seguridad laboral de los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, reduciéndose el riesgo de siniestralidad, mejora que se completa con la regulación y renovación de los uniformes y distintivos, ya en marcha, y el servicio de geolocalización mediante el dispositivo móvil que se pondrá en marcha próximamente dentro del contrato de telefonía de la Junta de Castilla y León, actualmente en trámite. Todo ello constituye un conjunto de actuaciones dirigidas a incrementar la protección de los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente en el ejercicio de sus funciones.
Estas actuaciones se completarán con otro paquete de medidas que se está ultimando en materia de seguridad, como son protocolos de intervención para las labores de vigilancia que realiza este personal, el desarrollo de actividades formativas centradas en las medidas de seguridad y el contenido de los propios protocolos o dotación de material de seguridad auxiliar.
Con estos acuerdos se cumple el compromiso adquirido por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su objetivo de elaborar un Plan de Seguridad que satisfaga las demandas de los Agentes de campo de la Comunidad. En numerosas ocasiones ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este colectivo como parte del personal que trabaja al servicio del medio natural y ha destacado la necesidad de disponer de los medios adecuados para que desempeñen su trabajo con la mayor eficacia y seguridad posible.
El Consejo de Gobierno ha acordado esta mañana la contratación de los servicios necesarios para continuar con la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre que la Administración proporciona a los ciudadanos en las zonas donde no existe cobertura de los radiodifusores. El contrato, por importe de 5,1 millones de euros, amplía por un periodo de dos años el acuerdo actualmente en vigor. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente adquirió el compromiso de garantizar la continuidad de un servicio de televisión digital de calidad, atendiendo al mantenimiento y renovación tecnológica de la red de infraestructuras de TDT desplegada por la Junta de Castilla y León.
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
El contrato está justificado en la necesidad de desplegar una red de centros emisores de señal que complementara la ofrecida por los radiodifusores de ámbito estatal y autonómico dentro del proceso de transición de la televisión analógica a la digital, que culminó el 3 de abril de 2010. Esta actuación se llevó a cabo, en parte, por medio de ampliaciones de equipamiento, adquiridas por la Administración, que se interconectan con los sistemas radiantes y con los equipos que son utilizados por los radiodifusores para el cumplimiento de sus obligaciones de cobertura.
Por otro lado, también se procedió al despliegue de centros emisores adicionales a los usados por los radiodifusores, utilizando para ellos infraestructuras nuevas o ya existentes. Parte de las infraestructuras existentes que se utilizan pertenecen a la empresa Cellnex Telecom, que posee una amplia red de centros emisores de televisión en todo el territorio nacional. Dicha empresa, debido a su posición de dominancia en el mercado de difusión de señales de televisión, está obligada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ofrecer servicios de utilización de sus infraestructuras a un precio regulado.
Los servicios contenidos en dicha oferta son, entre otros, la interconexión con los sistemas radiantes y de multiplexado de señal que son propiedad de Cellnex Telecom, lo que incluye el uso de los equipos compartidos que sean necesarios, y la coubicación, que consiste en el arrendamiento de espacio para la ubicación de los equipos de los operadores habilitados legalmente, en los espacios físicos disponibles. Asimismo comprende, en términos generales, la provisión en el centro emisor donde se produzca la coubicación, del acceso al suministro eléctrico así como las condiciones de seguridad y de climatización necesarias para la instalación de los equipos empleados por el operador solicitante del acceso. La Junta de Castilla y León dispone de 590 centros para la emisión de las cadenas de televisión nacionales, de los cuáles 379 están ubicados en infraestructura de Cellnex Telecom y 211 en emplazamientos de la propia Junta, de otras administraciones o de otras empresas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una aportación dineraria de 80.261.472 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio de 2017. A lo largo del año pasado, la Consejería de Educación ha destinado a estas instituciones académicas más de 328 millones de euros -a lo que hay que sumar 4,6 millones relativos a la paga extraordinaria de diciembre de 2012-.
La Consejería de Educación considera necesario que las universidades públicas de la Comunidad cuenten con una financiación adecuada que permita una mayor calidad de enseñanza y una investigación científica excelente. Asimismo, la aportación aprobada hoy de 80.261.472 euros permitirá incrementar la colaboración entre universidad y empresa, como factor de progreso en Castilla y León. De esta cantidad, 8.556.278 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU), 13.319.492 a la Universidad de León (ULE), 28.979.147 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 29.406.555 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).
Estas aportaciones garantizan la continuidad en la financiación global de las universidades públicas de Castilla y León. Un compromiso que el Gobierno autonómico ha adquirido con el sistema universitario público como fuente de modernización de la sociedad y de nuestra economía.
En estos momentos, la enseñanza superior tiene planteados tres grandes retos en torno a las funciones básicas de la universidad- transmitir el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y transferirlo a la sociedad-.
Estas funciones básicas, a su vez, se vinculan a los tres grandes objetivos sobre los que debe insistir una Administración responsable para lograr un sistema universitario cada vez más especializado, más fuerte y competitivo.
En primer lugar, la Junta de Castilla y León quiere reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos.
En segundo lugar, la profundización y afianzamiento de una investigación científica de calidad. El compromiso de la Consejería de Educación se concreta, por una parte, en la financiación aprobada de los gastos del personal docente e investigador de las universidades públicas y, por otra, en las diferentes actuaciones que nacen de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 -RIS3, según sus siglas en inglés-.
Finalmente, el tercer objetivo supone un mayor esfuerzo en la innovación, para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas, lo que contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en Castilla y León.
En este sentido, la Consejería de Educación destinó, a lo largo de 2016, 328.323.541 euros a las universidades públicas de la Comunidad -35.202.487 euros corresponden a la Universidad de Burgos; 54.538.815, a la Universidad de León; 118.358.310, a la Universidad de Salamanca; y 120.223.929 euros, a la Universidad de Valladolid-. A estas cuantías hay que sumar las aportaciones realizadas por un importe total de 4.674.281 euros, relativas al abono a los empleados públicos de dichas instituciones académicas en la nómina del mes de mayo de 2016, del último tramo de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, dando cumplimiento al Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la Junta de Castilla y León, que aprobó el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019. En este caso, a la UBU le correspondieron 447.021 euros; la ULE recibió 782.448 euros; la USAL, 1.793.364 euros; y la UVA, 1.651.448 euros.
La Junta ha autorizado un gasto de 1.800.189 euros destinados a la contratación, durante 2017, de tratamientos del lenguaje, habla voz y audición, así como de rehabilitación ambulatoria, domiciliaria y cardiovascular, para los pacientes de las áreas de salud de Burgos y de Valladolid.
El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado un expediente de 585.464 euros para la contratación de tratamientos del lenguaje, habla voz y audición, así como de rehabilitación ambulatoria, domiciliaria y cardiovascular, para los pacientes del área de salud de Burgos.
En concreto, se destinan 243.874 euros para 440 procedimientos de logopedia para pacientes adscritos al Hospital Universitario de Burgos. Además se han autorizado otros 341.590 euros para 1.282 procesos de rehabilitación ambulatoria.
Para las áreas de salud de Valladolid se han destinado los siguientes importes: 591.058 euros para 1.092 procesos de logopedia; 197.836 euros para 892 procesos de rehabilitación ambulatoria; 58.556 euros para 94 procesos de rehabilitación domiciliaria; y 367.275 euros para 249 procesos de rehabilitación cardiovascular.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 1.398.877 euros destinada a la contratación del servicio de mantenimiento de las condiciones higiénicas de las instalaciones dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila. De esta manera se garantiza, en todo momento, la oferta de una atención sanitaria en las mejores condiciones de salubridad posibles.
El contrato se tramitará a través del sistema de adquisición centralizada puesto en marcha por la Consejería de Hacienda. Con el objetivo de determinar la homologación de las empresas que prestarán los servicios de mantenimiento en los bienes inmuebles utilizados por la Junta de Castilla y León.
El acuerdo alcanzado hoy cubrirá tanto la limpieza del edificio de la Gerencia de Atención Primaria como de los centros dependientes de la misma, entre los que se incluyen centros de salud, consultorios locales y almacenes. El servicio contratado estará en vigor durante tres ejercicios, hasta el año 2020.
La contratación de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) en pacientes adscritas al Área de Salud de Valladolid ha sido autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, con un coste presupuestado en 789.874 euros. La duración prevista para este servicio es de cuatro años.
La duración de este contrato es de cuatro años y el número de I.V.E. previsto para el Área vallisoletana en ese período se ha concretado en 1.528 procedimientos, si bien es cierto que, al tratarse de una prestación que responde a una decisión propia y voluntaria de las pacientes, no todos esas interrupciones llegan a materializase.
De hecho, el pasado 2016, de los 1.637 procedimientos contratados en el conjunto de las gerencias de salud de Castilla y León, realmente se realizaron 1.168 I.V.E.
El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 10.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano, cooperación que se enmarca en el objetivo de continuar potenciando la educación sanitaria entre menorías étnicas y, más concretamente, eliminar las desigualdades en salud existentes en la sociedad en general y, en este caso, el colectivo gitano.
A través de este acuerdo, la Junta y el Secretariado Gitano seguirán a lo largo de este ejercicio con los programas preventivos y de promoción de la salud que han venido desarrollando. El año pasado, en Salamanca, se ha desarrollado un plan de dinamización para la promoción de la salud entre la mujer gitana, con 25 participantes y tres líneas de intervención: ‘Camina por tu salud’ con dieciocho mujeres implicadas; ‘Salud materna y crianza’, para once participantes de entre dieciséis y 28 años; y programas preventivos de salud, que contó con 25 mujeres.
Por su parte, en Valladolid, la Fundación Secretariado Gitana ha llevado a cabo distintas acciones sobre prevención de riesgos laborales, hábitos saludables y no saludables, taller materno-infantil, promoción de la higiene bucodental, observatorio de salud para jóvenes y actividades deportivas, que han concitado la implicación de casi doscientas personas de etnia gitana.
Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
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