El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de viviendas de uso turístico en Castilla y León. Este decreto responde a la necesidad de contar con una normativa específica que evite prácticas de intrusismo en el alojamiento turístico y la competencia desleal con la oferta de alojamiento privado, controlando la comercialización en las páginas webs. El Decreto recoge un equilibrio entre los intereses de los distintos sectores empresariales de alojamiento turístico, a la vez que garantiza unas condiciones de calidad para los turistas.
Consejo de Gobierno del 16 de febrero de 2017
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de viviendas de uso turístico en Castilla y León. Este decreto responde a la necesidad de contar con una normativa específica que evite prácticas de intrusismo en el alojamiento turístico y la competencia desleal con la oferta de alojamiento privado, controlando la comercialización en las páginas webs. El Decreto recoge un equilibrio entre los intereses de los distintos sectores empresariales de alojamiento turístico, a la vez que garantiza unas condiciones de calidad para los turistas.
Las nuevas demandas de los turistas de alojamientos alternativos a los tradicionalmente existentes, como son los alojamientos hoteleros, han llevado a la Comunidad a regular ese nuevo tipo de alojamientos para evitar la actividad clandestina y conseguir que la oferta de los servicios sea diversa, promoviendo la calidad y la excelencia del turismo como estrategia de futuro.
En la elaboración del decreto se han tenido en cuenta los intereses de los distintos sectores empresariales turísticos, los de los usuarios y los de los intermediarios o canales de la oferta turística y ha participado el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, se ha sometido tanto a informe de todas las consejerías como al trámite de Gobierno Abierto, dando cauce de participación a todas las personas interesadas. Además ha sido informado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo de Castilla y León. En la elaboración de esta disposición se han tenido en consideración los criterios consensuado con otras comunidades autónomas.
Objetivos del decreto de viviendas de uso turístico
Como ya se ha expuesto uno de los objetivos principales del decreto es controlar la actividad clandestina, en concreto la oferta de alojamientos de viviendas que se publicitan en las páginas web especializadas, así como promover la calidad y la excelencia del turismo; favorecer la iniciativa, innovación y competitividad del tejido turístico empresarial; elevar la confianza del cliente en la oferta y la calidad de los servicios, así como reforzar los derechos de los clientes.
Cabe destacar como otro objetivo fundamental la necesidad de regular las viviendas de uso turístico derivada de la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, cuyo artículo 5 excluye expresamente de su ámbito de aplicación "la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada por canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”.
De modo que una de las notas definitorias de las viviendas turísticas es su comercialización por canales de oferta turística (fundamentalmente agencias de viajes y centrales de reserva). Aquellas viviendas que no se publiciten por estos medios quedarán fuera de la regulación turística y seguirán sometidas, como hasta ahora, a la normativa de arrendamientos urbanos.
Principales novedades contempladas en el decreto
En primer lugar se ordena y regula el sector por primera vez en el ámbito de la Comunidad, dando respuesta a la demanda de los turistas y a las necesidades de un sector empresarial que dispone de viviendas para ser utilizadas con fines turísticos.
En la regulación se ha tenido que mantener un equilibrio entre la garantía de los derechos de los turistas, los intereses de los titulares de las viviendas de uso turístico y los del resto del sector empresarial turístico, dentro de la garantía de la unidad de mercado, sin que se impongan requisitos innecesarios que impidan o dificulten la libertad empresarial.
Además se ha tenido en consideración la aparición de nuevas plataformas digitales e innovaciones tecnologías, que ha tenido un efecto dinamizador en el sector de alojamiento turístico, en especial en el alquiler de viviendas con uso turístico. Esas plataformas son el principal canal de oferta turística.
De acuerdo con las características de este tipo de establecimientos de alojamiento turísticos la exigencia de requisitos técnicos es básica. En ese sentido no se establecen categorías que sirvan de referencia para conocer la calidad de los establecimientos, ya que el turista tiene la información necesaria a través de medios tecnológicos para conocer las características de las viviendas de uso turístico.
Se adapta la normativa a la regulación de la Unión Europea relativa a los servicios en el mercado interior, lo que simplifica los procedimientos de acceso a la actividad empresarial, ya que con la presentación de una declaración responsable, informando que cumple la normativa aplicable, es suficiente para ejercer la actividad sin que se tenga que esperar a ninguna resolución administrativa turística, lo que implica el sometimiento a unos requisitos turísticos e inscripción en el Registro de Turismo. Además se obliga a hacer constar ese número de Registro en la comercialización que se haga en las plataformas digitales y en cualquier medio de publicidad que utilice su titular.
Estructura del decreto
Para conseguir los objetivos descritos, el proyecto de Decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de viviendas de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, se estructura en cuatro capítulos, con 35 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y un anexo.
En el capítulo I, referido a las Disposiciones Generales, se regula el objeto y se delimita el ámbito de aplicación. Se define a las viviendas de uso turístico como una vivienda amueblada y equipada para la cesión temporal de su uso de manera inmediata y en su totalidad, comercializada o promocionada principalmente en canales de oferta turística y cesión realizada con finalidad lucrativa. La diferencia fundamental entre el apartamento turístico y la vivienda de uso turístico es que en el primer caso las unidades de alojamiento han de estar integradas en un bloque o conjunto y por tanto ha de tratarse de al menos dos unidades de alojamiento.
En este capítulo también se recogen una serie de definiciones que facilitan la interpretación y aplicación del decreto. Así se establece que existe habitualidad cuando se facilite el alojamiento en una o más ocasiones dentro del mismo año natural por tiempo que en su conjunto exceda de un mes. La temporalidad es otro elemento definitorio de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda turística ya que se establece que la estancia de una misma persona por tiempo superior a dos meses seguidos, no se considera que sea un uso turístico. Así pues, cuando el propietario comercialice su vivienda por otros medios que no sean los canales de oferta turística, o no lo haga de forma habitual, podrá ser considerado un arrendamiento de temporada y seguir sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En el capítulo II se regulan los Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico, partiendo del cumplimiento de la normativa urbanística, y que contarán, como mínimo, con dormitorio, salón-comedor, cocina y cuarto de baño o aseo, salvo las viviendas de uso turístico de tipo estudio, en las que el dormitorio, salón- comedor y cocina ocuparan un espacio común. Se establecen unas dimensiones de cada dependencia similares a las establecidas para otro tipo de alojamientos turísticos.
En el capítulo III dedicado al Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico, se establece, entre otros contenidos, el mecanismo de la dispensa de requisitos y la declaración responsable de inicio de la actividad; la actuación administrativa de comprobación, así como las modificaciones, cambios de titularidad y cese de la actividad turística. Este capítulo incorpora las previsiones del Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, al suponer una clara reducción de las trabas y de las cargas administrativas, mediante los instrumentos jurídicos antes referidos.
El Capítulo IV se ocupa del Régimen de funcionamiento de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico, recogiendo aspectos relativos a la prestación de servicios, y a las normas concretas de utilización de los servicios de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico por los turistas, y estableciendo unas obligaciones para las empresas y unas prohibiciones para los turistas.
El contenido del decreto se completa con una disposición adicional relativa al cumplimiento de otra normativa sectorial, una transitoria, referida al régimen de las viviendas de uso turístico existentes; y dos disposiciones finales, referidas, la primera, a la facultad atribuida a la Consejería competente en materia de turismo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y cumplimiento del presente decreto; y la segunda, referida a la entrada en vigor, que será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En cuanto a la regulación del régimen transitorio el nuevo decreto prevé que aquellos establecimientos que estando inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León como apartamentos turísticos desde el 5 de febrero de 2010 hasta el 27 de febrero de 2015, y que cumplan los requisitos de este nuevo, en el plazo de 6 meses han de presentar la correspondiente declaración responsable. En el caso de no hacerlo se procederá a la cancelación de la inscripción como alojamiento turístico. Esta previsión se debe a que alguno de los apartamentos encajan mejor en la figura de vivienda de uso turístico que en la de apartamento ya que aquella sólo requiere una unidad de alojamiento y no dos como en el caso de los apartamentos. Por último, el decreto incorpora un anexo con el distintivo de las viviendas de uso turístico.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico para la Plaza de Santa Eulalia, en Segovia. La zona afectada por esta declaración agrupa todas las edificaciones que flanquean la plaza y la iglesia del mismo nombre y establece la delimitación de un entorno de protección.
El espacio de la ciudad de Segovia que se considera Conjunto Histórico se amplía ahora al incorporar la Plaza de Santa Eulalia. Esta declaración recoge principalmente las edificaciones que conforman el conjunto urbano de esta plaza, e incluye las zonas que se perciben desde los principales recorridos del eje norte-sur de las calles Buitrago - Alférez Provisional y también por el eje norte-sur de las calles Muerte y Vida – José Zorrilla. También conforman este espacio las edificaciones que asoman a otros ejes de menor relevancia, como los de las calles relojeros-San Antón y Escolares y Peldaños; todos ellos accesos tradicionales a este arrabal histórico de Segovia.
La Plaza de Santa Eulalia se localiza ahora en el espacio que ocupara históricamente el arrabal del mismo nombre, al sur de la Plaza del Azoguejo en la ciudad de Segovia, inscrita en el año 1985 en la Lista de Patrimonio Mundial. El arrabal de Santa Eulalia en el Camino de Madrid, será el eje principal focalizador del comercio derivado de la trashumancia.
El arrabal de Santa Eulalia constituye un singular ejemplo de arrabal de mercado, que conserva y mantiene en gran medida la huella y memoria histórica de este tipo de asentamientos. Con centro en la plaza de Santa Eulalia, conserva la iglesia del mismo nombre y alguno de los soportales de la antigua plaza, así como interesantes ejemplos de arquitectura civil de los siglos XVI y XVII y de arquitectura popular urbana desarrollada hasta el siglo XIX.
El conjunto urbano de la plaza de Santa Eulalia reúne de forma singular y relevante las características definidas por la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, al conformar una unidad de asentamiento continua comprendida en una unidad superior de población, condicionada por la trama urbana de los arrabales extramuros de la ciudad segoviana en el siglo XVI y supone la última presencia de una estructura física de la evolución de una comunidad, siendo testimonio de riqueza cultural al tratarse de un asentamiento estratégico histórico dentro de Castilla y León.
La huella histórica del conjunto se manifiesta de forma patente en la perspectiva visual de la calle Buitrago, junto con la plaza de Santa Eulalia y la Calle Alférez Provisional. En esta zona se ubican las antiguas edificaciones agregadas sobre los muros que delimitaban hacia el oeste el antiguo Convento de San Francisco, y que adosadas unas a otras, iban conformando el sinuoso trazado ascendente desde la plaza del Azoguejo hasta la plaza de Santa Eulalia. Hoy todavía se percibe en el plano la gran parcela del antiguo Convento de San Francisco, actual Palacio de Artillería y la agrupación parcelaria, cuya característica principal es la organización estrecha y profunda en la que las edificaciones se han adosado bien a calle o bien se han adelantado conformando espacios asoportalados, como en el caso de la Plaza de Santa Eulalia. Desde la calle Buitrago hacia el oeste las manzanas aparecen más fragmentadas, apoyándose en el Camino ‘Real del Mercado’.
El conjunto histórico se caracteriza por su vinculación a la iglesia románica de Santa Eulalia. Se trata de una iglesia de origen románico del siglo XII, muy transformada en época barroca del siglo XVII, especialmente su interior.
La Plaza de Santa Eulalia, centro neurálgico del arrabal, era fundamentalmente el barrio de los tejedores de paños y aquí se encontraba el conjunto más homogéneo de arquitectura civil del siglo XVI de la ciudad. En la actualidad se conservan algunas de estas edificaciones en las calles del este y oeste de la plaza, por lo que este espacio se constituye como único testigo y perdurable huella de este ámbito extramuros de la capital.
No era habitual que la nobleza construyera sus casas extramuros, por lo que en el arrabal fueron escasas las casonas y construcciones señoriales. En la actualidad, como testigo de este tipo de construcciones, en la esquina entre la Plaza de Santa Eulalia y la calle San Antón, se encuentra la Casa de los Comuneros hermanos Buitrago de finales del s XV principios del XVI. Asimismo, el conjunto conserva interesantes ejemplos de arquitectura civil residencial del siglo XIX, que han ofrecido un paisaje urbano peculiar durante más de un siglo. De esta misma época, por detrás de la Iglesia de Santa Eulalia se localizan algunas edificaciones de menor relevancia, que conservan singularidades locales como el esgrafiado segoviano.
A partir del siglo XX empiezan a aparecer nuevas tipologías edificatorias, con más altura, que responden a una imagen menos autóctona y han provocado una importante transformación del lugar, a pesar de lo cual el carácter de la plaza permanece prácticamente inalterable y en buen estado de conservación en cuanto a la trama originaria se refiere.
El Consejo de Gobierno ha conocido esta mañana los contenidos del Programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la Comunidad de Castilla y León, que contempla una inversión próxima a los 10 millones de euros que serán cofinanciados con fondos FEDER.
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
El programa tiene como objetivo además de la restauración de las 2.263 escombreras inventariadas, la implantación de un sistema alternativo de gestión para los residuos de construcción y demolición depositados en dichas escombreras que se desarrollará en colaboración con las Diputaciones y o los Consorcios Provinciales para la Gestión de Residuos. Este nuevo sistema consistirá en establecer y cofinanciar un servicio de recogida, transporte y gestión de este tipo de residuos, colocando contenedores específicos en recintos previstos para este fin.
El programa también prevé la instrumentación de otras líneas de actuación orientadas a disuadir y evitar que los depósitos de residuos vuelan a formarse en el territorio de Castilla y León con acciones de educación ambiental, sensibilización y difusión de la información dirigidas a la población, complementadas con acciones de asesoramiento, impulso, coordinación y control a desplegar en los ámbitos municipales.
Durante el primer semestre de este año está prevista la firma de los convenios necesarios con las Diputaciones Provinciales o los Consorcios Provinciales para la gestión de residuos, siendo el primero de ellos con la Diputación de Valladolid y el Consorcio de esta provincia, convenio que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de diciembre y que contempla la restauración de 133 escombreras por valor de 1.375.000 euros.
El sellado de vertederos y escombreras está englobado dentro de las actuaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está desarrollando en el ámbito de la gestión integral de los residuos, para la prevención, recuperación, reciclado y eliminación de estos en todas las provincias de la Comunidad, dentro de la línea establecida en el Séptimo Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea.
Este año 2017 finaliza el Programa de Clausura y Sellado de Vertederos de Castilla y León, con un total de 556 vertederos sellados y una inversión de 129 millones de euros, cumpliéndose así el compromiso de legislatura de llevar a cabo la gestión de residuos con el objetivo de avanzar en una gestión eficiente y de calidad, en el marco de las directrices de la Unión Europea.
Una vez cubierto este objetivo básico, la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha apostado por desarrollar un programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la Comunidad de Castilla y León, que contará con una inversión próxima a los diez millones de euros.
*Se adjunta tabla con la distribución del programa.
Las obras aprobadas hoy están destinadas a la creación de una red de caminos, que en su totalidad superan los 185 kilómetros, que sirvan de acceso a las parcelas concentradas y de comunicación entre núcleos rurales limítrofes o cercanos, o de unión de estos con vías de comunicación de orden superior. Estas actuaciones pretenden facilitar la diversificación de la economía rural y mejorar la calidad de vida en estas zonas rurales. Las nuevas redes de caminos y las medidas ambientales mejorarán las explotaciones de 2.338 agricultores.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno esta mañana a la inversión de 2.560.648 euros en la realización de obras de infraestructura rural en tres zonas de concentración parcelaria de las provincias de Segovia y Valladolid. Esta iniciativa forma parte del compromiso que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, asumió para la presente legislatura de realizar inversiones en zonas de concentración parcelaria que comprenden más de 160.000 hectáreas.
Provincia de Segovia
En la provincia de Segovia se va a realizar una red de caminos de 48,66 kilómetros en la zona segoviana de Carrascal del Río. A esta infraestructura en la provincia segoviana se van a destinar 582.101 euros. La superficie concentrada en esta zona comprende 1.981 hectáreas que pertenecen a 491 propietarios. La superficie media de las parcelas ha pasado de 0,23 a 2,06 hectáreas.
Provincia de Valladolid
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha informado también de la próxima contratación de dos obras en la provincia de Valladolid. El importe destinado a estas actuaciones, que se realizarán sobre una superficie de más de 20.000 hectáreas, será de 1.978.547 euros y de ellas se beneficiarán 1.847 propietarios.
La primera de las obras en la provincia vallisoletana es en la II Fase de la concentración parcelaria de Langayo: una partida de 1.558.341 euros servirá para la adecuación y mejora de las infraestructuras rurales en esta zona. Esta actuación, que va a mejorar las explotaciones de 581 propietarios, va a consistir en el acondicionamiento de 125,5 kilómetros de caminos y la realización de medidas ambientales entre las que se incluye la plantación en lineales de vías pecuarias, en fincas de restauración del medio natural y el acondicionamiento y plantaciones en fuentes y su entorno. La concentración parcelaria se ha desarrollado sobre 4.029 hectáreas pasando de 5.676 parcelas con una superficie media de 0,71 hectáreas, a 1.225 fincas de reemplazo con 3,31 hectáreas de media.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha sido informado también de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de infraestructuras rurales en la zona de Herrín, Villafrades y Villalón de Campos, en Valladolid, y la localidad palentina de Boadilla de Rioseco. Este contrato, dotado con 420.206 euros, va a permitir realizar las plantaciones en fincas de restauración del medio natural y en 42,7 hectáreas del entorno del canal Esla-Carrión, además servirá para acondicionar las fuentes y su entorno y acondicionar 11,1 kilómetros del trazado del ferrocarril abandonado como vía verde.
La superficie concentrada en esta zona es de 16.056 hectáreas y su realización ha permitido que los 1.266 propietarios dispongan de unas parcelas con un tamaño medio de 6,87 hectáreas frente a la finca media antes de la concentración que era de 3,37 hectáreas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana conceder una subvención de 47.000 euros a los Centros Integrales de Inmigración que forman parte de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León. Este tipo de centros son espacios interculturales e instrumentos de información especializada, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de las personas inmigrantes.
Los titulares de estos centros son entidades locales de la Comunidad de Castilla y León o entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas que incluyen entre sus fines estatutarios la atención o integración de la población inmigrante y acrediten experiencia en la realización de programas y actividades dirigidas a la integración social de los inmigrantes. Además desarrollan funciones de información y asesoramiento, formación y aprendizaje y de participación y sensibilización.
Su reconocimiento se efectúa por resolución del órgano directivo central de la consejería competente en materia de integración de personas inmigrantes, la Consejería de la Presidencia, con una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga por periodos iguales al de su vigencia.
La cuantía de estas subvenciones asciende a 47.000 euros: corresponderán 3.000 euros cuando el titular lo es de un único centro integral de inmigración y 5.000 euros cuando el titular lo es de dos centros integrales de inmigración.
Actualmente existen 16 centros integrales de inmigración reconocidos en Castilla y León, cuya titularidad corresponde a dos entidades locales y a trece entidades sin ánimo de lucro, con la siguiente distribución provincial: dos en Burgos, dos en León, uno en Palencia, tres en Salamanca, uno en Segovia y siete en Valladolid. Estos centros son puntos de referencia para el colectivo inmigrante en el lugar donde están radicados y contribuyen a su integración en nuestra Comunidad.
Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León
La Red de Atención a las Personas Inmigrantes regulada por el Decreto17/2016 está formada además de por los centros integrales de inmigración, a los que hoy se subvenciona; por los puntos de los centros de información para personas inmigrantes, que pueden ser Entidades Locales y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen labores de información, sin necesidad de prestar servicios a las personas inmigrantes; y por los centros específicos de asesoramiento, información y orientación para la población migrante dependientes de las organizaciones sindicales más representativas.
Otras convocatorias
Estas ayudas se completarán en lo que se refiere a la atención de personas inmigrantes con la convocatoria para proyectos integrales de inmigración en concurrencia competitiva dirigida a los Centros Integrales de Inmigración; la convocatoria para actuaciones parciales de integración de inmigrantes, a la que podrá presentarse cualquier entidad local o entidad sin ánimo de lucro; y la convocatoria para actuaciones interculturales, dirigida específicamente a las asociaciones de inmigrantes.
Inmigrantes en Castilla y León
A fecha de 1 de enero de 2016, según los últimos datos oficiales, en Castilla y León residen 128.633 extranjeros, el 5,26 % del total de la población. De ellos, las comunidades mayoritarias son, por este orden, las procedentes de Bulgaria, Rumanía y Marruecos.
*Se adjunta tabla con la distribución de la subvención por Centros Integrales de Inmigración.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el suministro de 2.764 viales de un medicamento destinado al tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple y linfoma de células de manto, con los que atender las necesidades asistenciales de la mayoría de los hospitales que componen la red de la Gerencia Regional de Salud.
El contrato se ha presupuestado en 5.078.657 euros para el suministro durante dos años -un año de duración más otro más de posible prórroga- de un fármaco destinado al tratamiento de procesos oncológicos hematológicos y cuyo principio activo se encuentra sujeto a patente. Los complejos asistenciales de Burgos y de Palencia quedan fuera de este expediente al tener procedimiento negociado en vigor-.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 2.199.692 euros destinada a la contratación del servicio de mantenimiento de las condiciones higiénicas de las instalaciones sanitarias de la Gerencia de Atención Primaria de León. De esta manera se garantiza una asistencia que cumple en todo momento con las mejores condiciones de salubridad posibles tanto en los centros de salud como en los consultorios locales de la provincia.
El contrato se tramitará a través del sistema de adquisición centralizada puesto en marcha por la Consejería de Hacienda, con la finalidad de determinar la homologación de las empresas que prestarán los servicios de mantenimiento en los bienes inmuebles utilizados por la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, el objetivo del documento aprobado hoy es asegurar las condiciones de higiene y limpieza necesarias para la adecuada prestación de la asistencia sanitaria que se dispensa en los centros de atención primaria de la provincia leonesa.
La Junta ha aprobado, con un presupuesto de 345.096 euros, el suministro de materias primas alimentarias para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid: carnes y huevos con los que elaborar las dietas alimenticias a consumir por pacientes durante su ingreso en este centro asistencial sanitario vallisoletano.
El objeto de este expediente se refiere, en concreto, a la compra de carnes de cerdo, de ternera y de pollo y de huevos, alimentos con los que elaborar, en las cocinas de este centro, las dietas tanto ordinaria como especiales destinadas a la alimentación de los pacientes ingresados -excluyendo la nutrición enteral y parenteral-.
El expediente aprobado tiene una duración de dos años y los importes de licitación han sido establecidos conforme a los actuales precios de mercado de estos alimentos.
Los fármacos adquiridos se utilizarán para el tratamiento de diversas enfermedades relacionadas con el proceso de producción de nuevos glóbulos rojos en la médula ósea. Con el contrato aprobado hoy se cubren las necesidades asistenciales a este respecto de los pacientes de los servicios de atención especializada segovianos.
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 272.834 euros que se utilizará para la adquisición de los medicamentos estimulantes de la eritropoyesis, con destino al Complejo Asistencial Universitario de Segovia. Los suministros adquiridos garantizan la cobertura de las necesidades asistenciales derivadas del funcionamiento cotidiano del servicio de farmacia del centro hospitalario.
Los fármacos mencionados se emplean para facilitar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, proceso que está regulado por la hormona eritropoyetina. Estos medicamentos se utilizan, por ejemplo, para el abordaje de las anemias producidas por los tratamientos de diálisis y quimioterapia, entre otros usos.
Audio rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
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