El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga al ejercicio 2017 de los Presupuestos Generales de la Comunidad actualmente en vigor. El texto normativo, que se aplicará de manera transitoria hasta que las Cortes aprueben unas nuevas cuentas para el año que viene, dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2016 en todos los capítulos, con carácter general, salvaguardando la estabilidad.
Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2016
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga al ejercicio 2017 de los Presupuestos Generales de la Comunidad actualmente en vigor. El texto normativo, que se aplicará de manera transitoria hasta que las Cortes aprueben unas nuevas cuentas para el año que viene, dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2016 en todos los capítulos, con carácter general, salvaguardando la estabilidad.
Consejería de Economía y Hacienda
La elaboración del Anteproyecto de Presupuestos requiere disponer de un conjunto de parámetros imprescindibles para garantizar que su contenido se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, tal y como exige la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Así, para efectuar una planificación responsable y rigurosa de ingresos y gastos, la Junta necesita conocer con antelación y certeza la cuantía de las entregas a cuenta que va a recibir del modelo de financiación autonómica y los objetivos de déficit y deuda pública asignados a Castilla y León. De hecho, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, de ámbito autonómico, estipula que el techo de gasto –que constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos– sólo se acordará una vez haya sido aprobado el objetivo individual de estabilidad para la Comunidad.
Conviene recordar que este último trámite acaba de formalizarse, puesto que los límites de déficit y deuda para cada autonomía fueron asignados hace tan sólo una semana, concretamente el día 22, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y validados un día después por el Consejo de Ministros.
Dadas estas circunstancias y ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico 2017, es preciso prorrogar las cuentas que están en vigor, según especifican tanto el Estatuto de Autonomía como el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con estas disposiciones legales, el decreto aprobado hoy en Consejo de Gobierno recoge la prórroga de los créditos iniciales aprobados para 2016, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Así, durante la prórroga se atenderán con normalidad los gastos de personal (capítulo 1) sobre la base de las remuneraciones previstas en los Presupuestos de 2016; los necesarios para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).
Asimismo, el decreto permite atender el resto de las actuaciones que ya se vinieran realizando durante este año, así como las que se deriven de convenios o programas vigentes a 31 de diciembre que comporten obligaciones en 2017 o de las inversiones plurianuales comprometidas, permitiendo su imputación a los distintos capítulos, conforme a la naturaleza del gasto, según se trate de transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7), inversiones reales (capítulo 6) o activos financieros (capítulo 8). También se permite la imputación de partidas financiadas con recursos finalistas cuando su recepción esté debidamente acreditada.
Mayor flexibilidad para agilizar la tramitación administrativa
Adicionalmente, la norma establece que una vez que se han imputado los gastos procedentes de compromisos generados en ejercicios anteriores, podrán imputarse otros hasta el límite del 80 % del crédito prorrogado. Precisamente este último precepto constituye una de las principales novedades con respecto al Decreto 71/2011, de 29 de diciembre, por el que se regularon las condiciones de la Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011.
A diferencia de lo ocurrido hace cinco años, el texto aprobado hoy confiere a los distintos departamentos del Gobierno autonómico más flexibilidad para disponer de recursos, puesto que se elimina la obligatoriedad general de contar previamente con la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. El permiso de Economía y Hacienda sí será necesario cuando se considere imprescindible llevar a cabo un gasto que, a la vez, suponga exceder el límite del 80% del crédito prorrogado. En este supuesto, el departamento responsable de la propuesta deberá elaborar una memoria justificativa de su necesidad, su repercusión, los efectos presupuestarios y las previsiones de financiación que requiera.
Las normas de imputación de gastos reguladas en este decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e instituciones propias de la Comunidad; y a la 31, Política Agraria Común (PAC).
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la adquisición del 10 % de las acciones de ADE Capital Sodical y de ADE Gestión Sodical por parte de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) por un importe de 3,84 millones de euros. El objetivo de esta operación es potenciar este instrumento de financiación, que se integra en la Lanzadera Financiera, para que preste un mejor servicio a las empresas de Castilla y León en beneficio de su crecimiento y su competitividad.
Consejería de Economía y Hacienda
Sodical es una sociedad anónima que se dedica a ofrecer financiación alternativa y de refuerzo de los fondos propios de las compañías para que puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión o expansión y acceder en mejores condiciones al mercado financiero. Su actividad se estructura a través de ADE Gestión Sodical, que es la gestora de la sociedad de capital riesgo ADE Capital Sodical y del fondo de capital semilla ADE Financiación Capital Semilla.
ADE Capital Sodical tiene por objeto social la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, así como la concesión de préstamos participativos. En la composición de su accionariado está presente la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, ente público dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con un 32,5 % de los títulos, además de otros 16 socios con una representatividad individualmente menor.
Asimismo, esta sociedad de capital riesgo es propietaria del 50 % de ADE Gestión Sodical. La participación actual de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial en esta entidad gestora es del 32,5 %, un porcentaje resultante de sumar el 16,25 % de las acciones que ostenta de forma directa y el 16,25 % por su peso ponderado en su condición de socio mayoritario en ADE Capital Sodical.
Accionista de referencia para mantener los intereses fundacionales
La operación autorizada hoy por la Junta permite a la ADE adquirir el 10 % de los títulos de ambas sociedades de los que va a desprenderse Banco Ceiss, entidad que en estos momentos tiene una participación del 27,33 % en ADE Capital Sodical y del 34,7 % en ADE Gestión Sodical. Con esta compra, el ente público adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda se reforzará como accionista de referencia, al elevar su participación al 42,5 % en la sociedad y al 47,5 % en la gestora, superior a la de cualquier otro socio aislado o grupo con intereses comunes.
De esta forma, la Junta evita que puedan entrar a formar parte de ambas compañías terceros inversores que no compartan los intereses que inspiraron en su momento la constitución de Sodical: el apoyo al crecimiento del tejido productivo de Castilla y León y la promoción de su competitividad, objetivos que contribuyen a la creación de empleo. En la misma línea, el Gobierno autonómico, a través de la ADE, jugará un papel preponderante en la toma de decisiones y podrá potenciar la labor de ADE Capital Sodical y ADE Financiación Capital Semilla en la Lanzadera Financiera.
Los cambios en esta normativa completan la regulación ya existente con el fin de establecer los supuestos en los que procede la convocatoria de concursos específicos, sus fases, los requisitos de esta fórmula selectiva de personal y los méritos a tener en cuenta para su resolución.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el decreto que modifica el anterior 8/2011, por el que se aprobaba el reglamento de selección y determinadas formas para la provisión de plazas y puestos de trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
La ampliación que emana de esta nueva norma se centra en lo referido a los concursos específicos para la provisión de plazas y así completa el decreto anterior con el fin de establecer los supuestos en los que es procedente el uso de esta fórmula selectiva, las fases que componen los concursos de traslados, sus convocatorias y requisitos y los méritos considerables. Únicamente podrán existir concursos específicos cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir por Sacyl, así se determine con carácter excepcional en las plantillas del personal estatutario de los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
Las posibles convocatorias especificarán las características de los puestos de trabajo y aquellas otras que se valoren adecuadas para su mejor descripción; asimismo, fijarán los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto, mediante la determinación de los conocimientos profesionales, la formación específica, la experiencia necesaria, el desarrollo de técnicas sanitarias relevantes y de proyectos de investigación, habilidades, titulación en su caso y otras condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto de trabajo concreto.
Esta fórmula selectiva de personal se desarrollará en dos fases -valoración de méritos generales; y comprobación y valoración de méritos específicos- y en las distintas convocatorias se fijarán las puntuaciones máximas y mínimas de cada una de ellas.
Para ello, los candidatos elaborarán una memoria, en la que realicen un estudio relacionado con el contenido funcional del puesto al que aspiran o una mejora organizativa y/o funcional relacionada con la unidad a la que pertenezca dicha plaza y una entrevista, que versará sobre los méritos específicos adecuados a las necesidades de cada puesto, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria del concurso específico y, en su caso, sobre la memoria presentada por el candidato.
La Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Sanidad la contratación, por 1.028.500 euros, de la asistencia técnica sobre productos del proveedor de servicios informáticos que forman parte de MedoraCyL, el principal sistema de información y trabajo del personal sanitario y administrativo de Atención Primaria en Sacyl. El contrato de este servicio permitirá implementar durante el próximo año y medio diferentes acciones de mejora en la plataforma, con un impacto funcional mínimo.
La plataforma ya se ha consolidado para el uso de la historio clínica del paciente en el ámbito asistencial de Primaria, lo que ha supuesto un incremento continuo de los usuarios concurrentes, llegando en ocasiones a más de 5.000 sesiones iniciadas diariamente en momentos puntuales de horario matinal y más de un millón de mensajes de interconexión con otros sistemas informáticos.
Con el fin de mejorar y optimizar esta herramienta de gestión y transmitir fiabilidad y seguridad a sus usuarios, la Gerencia Regional de Salud ha realizado una auditoria del servicio, tras lo cual se han propuesto la realización de acciones de mejora, objeto del contrato de servicio ahora aprobado.
A través de estas intervenciones, a desarrollar durante año y medio en tres fases a partir de 2017 (estabilización, optimización y mejora y evolución), se pretende una mejora progresiva de MedoraCyL a través de intervenciones concretas cuya aplicación suponga un mínimo impacto en la plataforma.
Con esta inversión se asegurará la realización de las intervenciones necesarias dentro de la actividad diaria de los servicios de cirugía general, traumatología y cirugía vascular del Área de Salud de León. En total, se financiarán 335 procedimientos quirúrgicos.
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno una inversión de 488.288 euros que se utilizará para cubrir las necesidades asistenciales diarias del Área de Salud de León, referidas a la realización de procedimientos quirúrgicos en los servicios de cirugía general, traumatología y cirugía vascular. El objetivo es garantizar, en todo momento, la mejor atención posible para los pacientes.
Esta compra se realiza en el ámbito del acuerdo marco suscrito por la Gerencia Regional de Salud, entre otros, para la contratación de procedimientos quirúrgicos. Y la cantidad de los mismos contratada se distribuirá, del siguiente modo, entre los servicios mencionados: 120 procedimientos de cirugía general, 100 de cirugía vascular y 115 de cirugía traumatológica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana contratar el servicio de fletamento total de un helicóptero para las labores de protección ciudadana, rescate y salvamento en Castilla y León por un importe de 1.877.822 euros, y una duración de dos años.
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
El objeto del contrato, aprobado esta mañana, es la prestación de un servicio de rescate y salvamento por medios aéreos para emplearlo en servicios de protección y asistencia ciudadana, dotado de personal diverso y medios materiales para labores de protección ciudadana, para atender, entre otras, situaciones de emergencia, búsqueda, rescate, salvamento, evacuación de personas o traslado de accidentados demandadas por la Agencia de Protección Civil.
El helicóptero monoturbina deberá disponer de gancho de grúa, dos camillas, cesta portamaterial exterior y megafonía, y respecto al personal, contará con piloto, operador de grúa y rescatador-ATS/DUE, y los medios materiales propios de un grupo de rescate y salvamento. Las dos misiones más habituales serán el rescate y la evacuación y el transporte de personal. Su área de actuación será la Comunidad de Castilla y León y deberá estar disponible para una intervención inmediata durante todos los días del año en una jornada operativa general desde las 10.00 horas hasta el ocaso, aunque deberá adaptarse a las necesidades.
El Grupo de Rescate y Salvamento, dependiente de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, operará desde una base centrada geográficamente en Castilla y León cuya ubicación no distará más de 40 kilómetros de la ciudad de Valladolid y deberá disponer de zona de oficinas, con despachos para el personal, zona de descanso, aseos y vestuarios, ordenador con impresora, red de telefonía, servicios de luz, agua y saneamiento, hangar para el helicóptero y un depósito para 10.000 litros de combustible.
El presupuesto para contratar el servicio de fletamento total asciende a 1.877.822 euros, y una vigencia de dos años.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid y con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la provincia de Valladolid. De esta manera, se llevará a cabo la restauración de 133 escombreras –todas las de la provincia vallisoletana- por valor de 1.375.000 euros, y se pondrá en marcha un sistema alternativo y legal para la gestión de los residuos de construcción y demolición, conocido como RCD.
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid y con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente en materia de recuperación ambiental de las zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la provincia de Valladolid.
Las principales líneas de actuación desarrollarán la ejecución de los trabajos de restauración de las 133 escombreras existentes en la provincia, que forman parte del Inventario de Vertederos Ilegales de Residuos de Construcción y Demolición, llevándose a cabo de manera prioritaria las obras relativas a las escombreras incluidas por la Comisión Europea. Asimismo, también se realizarán acciones encaminadas a evitar la aparición de depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición con actuaciones dirigidas a mejorar el comportamiento ambiental relacionado con estos residuos, todo ello con la implantación de un sistema alternativo y legal para la gestión de estos residuos, denominado RCD.
El compromiso que adquiere la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comprometida con este tipo de actuaciones, consiste en contratar trabajos de restauración de las escombreras que incluyen tanto la obra como las asistencias técnicas necesarias, así como financiarlos con un importe máximo de 1.375.000 euros en el periodo 2017-2019. Este convenio también incluye el asesoramiento e información precisa en materia de gestión de residuos tanto a la Diputación y al Consorcio como a los ayuntamientos de los municipios en los que se ubiquen las escombreras. Finalmente se promoverá una campaña dirigida a concienciar a la población sobre la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición generados en obras menores de construcción de reparación domiciliaria.
Por su parte, la Diputación de Valladolid se compromete a informar a los ayuntamientos, en los que se presta el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sobre su obligación de exigir la constitución de una fianza previa al otorgamiento de la licencia de obra y de los distintos procedimientos y posibilidades que existen para exigir a los ciudadanos una tasa, previa al otorgamiento de la licencia urbanística o la presentación de una declaración responsable referida a obras de construcción y demolición. Asimismo, pondrá a disposición de la Consejería los terrenos de titularidad de la Diputación en los que se sitúan las escombreras y facilitar la puesta a disposición de los terrenos municipales. Finalmente colaborar para que los municipios adopten medidas de vigilancia, inspección y control de las escombreras recuperadas.
El Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid asume prestar, en cofinanciación con los municipios, el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores, así como de enseres y restos de podas que se generan con la colocación de contenedores específicos para estos residuos específicos (conocidos como RCD) en áreas de aportación o en puntos limpios, por un valor de 1.300.000 euros en el periodo 2017-2019. A su vez, impulsar la obtención de la autorización para el tratamiento de residuos a la que están sometidos los puntos limpios y elaborar un informe sobre la gestión realizada por los municipios vallisoletanos.
El sellado de vertederos y escombreras está englobado dentro de las actuaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está desarrollando en el ámbito de la gestión integral de los residuos para la prevención, recuperación, reciclado y eliminación de éstos en todas las provincias de la Comunidad, encuadrado dentro de la línea establecida en el Séptimo Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea. En Castilla y León existen actualmente más de 2.000 escombreras que serán restauradas mediante este programa en el periodo 2017-2019 con una inversión superior a los diez millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se comprometió al inicio de la legislatura al sellado de los vertederos y escombreras de residuos existentes en la Comunidad, de manera que se da cumplimiento al Plan Integral de Residuos de la Comunidad, así como a la detección y erradicación de los minivertederos. A lo largo del primer trimestre del año 2017 se tramitarán convenios de colaboración similares con el resto de diputaciones provinciales.
Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
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