Inversión de 3,4 millones de euros en las licencias informáticas del Sistema de Información Contable y la Plataforma de Contratación Duero

Consejo de Gobierno del 22 de septiembre de 2016

Castilla y León | Consejería de Economía y Hacienda

Conviene recordar que la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, establece en su artículo 8.1 que los órganos de contratación necesitan la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos por un importe superior a dos millones de euros. De ahí que el expediente se haya sometido esta mañana a la consideración del Consejo de Gobierno.

La importancia de renovar este tipo de productos informáticos radica en que son el soporte de herramientas esenciales para la labor administrativa diaria de la Junta como SICCAL2, el sistema que permite controlar la contabilidad financiera y presupuestaria, elaborar y ejecutar los Presupuestos autonómicos, administrar la Tesorería y el Inventario General de Bienes y Derechos, llevar al día la Base de Datos de Ayudas y Subvenciones y acceder a la Central de Información Contable de la Comunidad. 

Tanto es así, que cuenta con alrededor de 1.200 usuarios registrados y más de 950.000 acreedores dados de alta. De su relevancia da idea el hecho de que en 2015 permitió realizar 2.694.814 asientos contables, efectuar 623.443 pagos y gestionar 548.456 facturas (308.599 de ellas electrónicas), tanto en la Administración General de Castilla y León, como en sus organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado de la Comunidad.

Por su parte, la Plataforma de Contratación Electrónica Duero se utiliza para tramitar anualmente más de 8.000 contratos de la Junta relativos a obras, suministros y servicios. Se trata de una herramienta informática integral que facilita la participación de las empresas y en particular de las pymes en las licitaciones públicas, además de incrementar la transparencia –en la medida en que toda la información es accesible a través de Internet–, simplificar trámites administrativos y reducir cargas, lo que redunda en un ahorro estimado en 1,5 millones de euros anuales para los contratistas.