El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha firmado esta mañana con los presidentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y las diputaciones provinciales el protocolo general que desarrolla el acuerdo político en materia de ordenación del territorio alcanzado en octubre de 2012 entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León. De esta forma, el Gobierno autonómico continúa desarrollando la ordenación territorial.
11 de abril de 2014
Castilla y León |
Delegación Territorial de Ávila
La Junta de Castilla y León aporta en 2014 una colaboración económica de 48.705.863 euros: 18.901.856 euros se transfieren a las diputaciones provinciales en concepto de fondos y otras ayudas y 29.804.007 euros se destinan, como fondos incondicionados, a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
En Ávila, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes -todos excepto la capital- recibirán una cantidad total de 2.623.881 euros, en cantidades que oscilan entre los 3.500 euros de Blasconuño de Matacabras y los 167.063 euros de Arévalo (ver documento anexo).
Estas cantidades se entregarán a través de la Diputación Provincial, que colaborará con la Junta de Castilla y León en su gestión y pago, si bien el Gobierno Autonómico es la Administración que define y concreta los criterios de distribución y cuantías que corresponden a cada municipio.
Este fondo tiene carácter incondicionado, por lo que los consistorios podrán destinar la partida que perciban a gasto corriente, inversiones o una combinación de ambos conceptos. La transferencia de estos fondos a la Diputación Provincial de Ávila se producirá antes del 30 de junio de 2014 para que los municipios puedan recibirlos durante el mes de julio.
La Consejería de la Presidencia está ultimando un protocolo semejante para los 15 municipios de nuestra Comunidad con más de 20.000 habitantes, entre ellos la capital abulense, tal y como se produjo en 2013. Para ellos, la cuantía de colaboración económica ascenderá a una cifra total de 12.069.123 euros.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León destina un total de 1.747.462 euros a la Diputación Provincial de Ávila, cantidad que deberá destinar a la dotación del fondo especial para operaciones corrientes derivadas del ejercicio de servicios propios ya implantados y en funcionamiento; el mantenimiento de las cuantías consolidadas dirigidas al sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios; la actualización de la encuesta de infraestructura y equipamiento local; y un fondo derivado de políticas sociales referidas a discapacitados y cobertura de plazas de salud mental. En concreto, los 1.747.462 euros de la Junta de Castilla y León destinados a la Diputación Provincial de Ávila se repartirán de la siguiente manera:
-Fondo Especial 1.214.314 euros,
-Asesoramiento a municipios: 269.848 euros,
-Encuesta de infraestructura y equipamiento local: 8.756 euros,
-Fondo complementario para políticas sociales: 254.543 euros (para discapacidad, 64.063 euros y para Salud mental, 190.480 euros).
La transferencia a las diputaciones provinciales de la cuantía del fondo especial y de los fondos sociales se producirá en dos pagos: el primero de ellos en la primera quincena de julio de 2014 y el segundo en la segunda quincena de noviembre de 2014. Las otras ayudas se transferirán cuando las diputaciones provinciales las justifiquen adecuadamente ante la Consejería.
La Junta continúa desarrollando la ordenación territorial
El protocolo general firmado esta mañana se enmarca en el acuerdo político en materia de ordenación del territorio alcanzado en 2012 entre el Gobierno Autonómico, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León. En él se comprometía, para los años 2013, 2014 y 2015, un fondo incondicionado destinado a todos los municipios de Castilla y León con la garantía de una cuantía mínima para cada uno de ellos. De modo extensivo, en 2013 el Ejecutivo autonómico amplió este acuerdo a las nueve diputaciones provinciales.
El protocolo firmado hoy desarrolla los principios del acuerdo básico -referido a las diputaciones provinciales- y que se han recogido expresamente en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, el protocolo ayuda a la aplicación del Decreto Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que se ha visto complementado con la Circular de 1 de abril de 2014 relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de su entrada en vigor.
Las diputaciones provinciales se comprometen, en este documento, a emitir su informe sobre el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio antes de su sometimiento a audiencia pública. Aquellas diputaciones cuyo ámbito geográfico se vea afectado, emitirán informe en el trámite de audiencia para la definición del ámbito de las “áreas funcionales estables” y las “áreas funcionales estratégicas”.
Asimismo, las diputaciones provinciales se comprometen a participar en el proyecto reglamentario que regule la asunción de forma progresiva de la cartera común de competencias por las “mancomunidades de interés general”, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de todas las competencias que integran la cartera común.
También se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por las diputaciones provinciales, con las mancomunidades de interés general.
Y además las diputaciones provinciales darán continuidad a la prestación de los servicios públicos locales, en cumplimiento de las previsiones contempladas en el Decreto Ley para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León.