La Junta de Castilla y León ha cumplido con la obligación de elaborar y enviar en plazo su análisis del modelo de financiación autonómica vigente, que se ha remitido al Grupo de Trabajo creado al efecto en el Comité Permanente de Evaluación del Sistema del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La principal conclusión del informe presentado es que la actual fórmula de reparto no solo es insuficiente para sufragar los servicios públicos esenciales en Castilla y León –sanidad, educación y servicios sociales, fundamentalmente–, sino que deja sin soporte económico el 20 % de las competencias autonómicas, entre ellas algunas tan relevantes como la prevención de incendios o la conservación del patrimonio. La Consejería de Hacienda ha expuesto, en Consejo de Gobierno, las principales consideraciones y conclusiones trasladadas al Gobierno de España.
Consejo de Gobierno del 13 de marzo de 2014
Castilla y León |
Consejería de Economía y Hacienda
El pasado 22 de enero el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas solicitó a todas las comunidades autónomas un examen de los cinco años de funcionamiento del sistema financiación autonómica. Fue durante la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para analizar el efecto de la aplicación del actual modelo, órgano que está integrado en el Comité Permanente de Evaluación del Sistema del CPFF.
El documento que ha confeccionado la Junta de Castilla y León, del que ha informado hoy al Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se puede consultar en la página del Ejecutivo autonómico en Internet (www.jcyl.es) y se organiza en siete capítulos. Los cinco primeros analizan si el modelo de financiación vigente se acomoda a los principios constitucionales que deben inspirarlo, mientras que los dos últimos recogen las consecuencias concretas que ha tenido para Castilla y León.
La conclusión más destacada del trabajo es que el sistema aprobado en 2009 ha sido incapaz de cumplir el precepto legal recogido en la Constitución de garantizar la suficiencia financiera de la Comunidad en el ejercicio de sus competencias. De hecho, los recursos del modelo recibidos por Castilla y León ni siquiera han permitido cubrir los presupuestos de las tres consejerías que prestan los principales servicios públicos responsabilidad de la Junta, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Y no solo eso, sino que la aplicación del sistema deja en el olvido el 20 % restante de competencias que ejerce el Gobierno autonómico, entre las que figuran algunas tan importantes como el mantenimiento y conservación de carreteras, la prevención y extinción de incendios, la conservación del patrimonio histórico y artístico o los gastos en agricultura y ganadería.
El informe recuerda, en este sentido, que las autonomías de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– no tienen ninguna posibilidad de corregir esta falta de suficiencia del modelo, ya que los impuestos sobre los que pueden decidir están agotados debido a que en su mayor parte están ligados al sector inmobiliario, el más afectado por la crisis económica. Las estadísticas son palmarias: mientras que en 1999 esas figuras tributarias representaban el 14,1 % de la financiación total del sistema, en 2011 este porcentaje se limitaba a solo el 8,6 %, lo que supone un descenso del 39 %.
Al hilo de esto, el estudio hace hincapié en la situación de injusticia que genera el cálculo incorrecto del cupo vasco y la aportación navarra, que tiene como resultado una clara sobrefinanciación de esos territorios. Según el último dato disponible, correspondiente a 2010, las comunidades forales disponen de una media de 4.829 euros por habitante, el 75% más que las de régimen común, que deben conformarse con 2.763 euros por ciudadano. Por si fuera poco la capacidad de País Vasco y Navarra para fijar su propia normativa tributaria –que se niega al resto– provoca situaciones de falta de equidad que repercuten negativamente en las demás regiones y, en especial, en aquellas que limitan con ellas, como ocurre con Castilla y León. Su sobrefinanciación hace que no tengan necesidad de implantar algunos impuestos, como el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Sanidad, educación y servicios sociales cuestan más en Castilla y León
El documento censura la enorme complejidad del mecanismo de reparto que diseñó el anterior Gobierno socialista de la nación. Tal y como denunció la Junta reiteradamente durante su tramitación en 2009, insiste en que responde a un cálculo deliberado que ha tenido como resultado opacidad y falta de transparencia en la distribución de los recursos.
Ahora bien, el núcleo del trabajo gira en torno a las características diferenciales de Castilla y León que hacen que aquí resulte más caro prestar los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad, esto es, la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad demográfica y el envejecimiento de la población. El resultado del análisis es que estos factores tienen menos peso en el sistema de financiación actual del que tenían en el anterior, lo que lleva a que únicamente el 2,4% de los fondos se distribuyan en función de esos criterios geográficos a pesar de su incidencia evidente en el coste real de la sanidad, la educación y los servicios sociales, los tres que más importan a los ciudadanos.
De hecho, una persona mayor de 75 años gasta cinco veces más en sanidad que otra de 40 años. En Castilla y León el primero de esos dos grupos es mucho más numeroso, proporcionalmente, que la media de España. Esta es la razón por la que los mayores de 75 años consumen el 31 % de los recursos sanitarios de la Comunidad, ocho puntos más que el promedio nacional (que se sitúa en el 23 %). O lo que es lo mismo: con una estructura de edades de nuestra población similar a la media del país, el gasto sanitario de Castilla y León se reduciría en 425 millones de anuales (el 11 %).
Algo similar ocurre con la dispersión, porque en la comunidad autónomas hay 6.173 entidades singulares de población salpicadas en más de 94.000 kilómetros cuadrados. Esto hace que aquí la ratio de médicos de familia sea muy superior a la media (932 por cada millón de habitantes, frente a los 607 de promedio nacional) y que existan más de 3.600 consultorios locales, el 35 % de los que hay en España. Aun así, los ciudadanos de esta tierra recorren una distancia media mayor que en el conjunto del país para acudir a su centro de salud (10,6 kilómetros frente a 7,6). Es decir, que aunque la Junta realiza un esfuerzo muy superior al de otras administraciones, los castellanos y leoneses deben desplazarse más que otros españoles para acceder a algo tan básico como la sanidad.
En el caso de la educación, el modelo vigente no tiene en cuenta el número real de alumnos de Castilla y León (el 5,4 % del total), sino la población de 0 a 16 años (que asciende al 4,7 %), lo que implica que dejan de computarse usuarios de la educación autonómica. Tampoco pondera la dispersión, que tiene una incidencia todavía mayor que en la sanidad porque por definición la enseñanza se utiliza a diario y no ocasionalmente. Algunas cifras significativas son que para atender al 4,7 % de los estudiantes de centros públicos de España, la Junta sufraga el 5,7 % de los colegios e institutos públicos del país, y el mismo porcentaje de profesores. Con todo y con eso, los alumnos de la Comunidad se mueven más kilómetros que la media para acudir a clase, y prueba de ello es lo que ocurre con los institutos: la distancia que cubren es el 60 % superior al promedio, en concreto 11,5 kilómetros frente a 7,2.
En materia de servicios sociales lo primero que conviene recordar es que el sistema de financiación autonómica no incluye ninguna aportación estatal para garantizar la correcta aplicación de la Ley de Dependencia. Por si fuera poco, como variables de medición de esta parcela de gasto se utilizan exclusivamente la población potencialmente dependiente –lo que a la Junta le resulta incomprensible, teniendo en cuenta que existen datos ciertos sobre las personas atendidas– y los mayores de 65 años. Una vez más no se contempla el coste adicional asociado a la dispersión, que hace necesarios muchos más centros que la media, en especial en el medio rural: dos tercios de las plazas residenciales que paga la Junta están en los pueblos.
Imprescindible ponderar más los factores no poblacionales
De todos estos ejemplos se desprende que, en consonancia con lo que establece el Estatuto de Autonomía, el Gobierno de la Comunidad considera imprescindible ponderar adecuadamente y por tanto al alza la dispersión, la baja densidad de población, el envejecimiento y la extensión. No hay que olvidar, en este sentido, que Castilla y León es más grande que 17 estados miembros de la Unión Europea, en concreto Hungría, Portugal, Austria, República Checa, Irlanda, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovaquia, Dinamarca, Estonia, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Chipre, Luxemburgo y Malta.
En la actualidad el 97 % del reparto se efectúa en función de variables relacionadas con la población, frente a solo un 3 % de factores ligados al territorio. Y eso a pesar de que multitud de competencias que ejercen las comunidades están más condicionadas por la geografía que por el número de habitantes. Entre ellas es preciso citar el mantenimiento de las carreteras autonómicas, ya que el 16,7 % de ellas dependen de la Junta; la prevención de incendios, por cuanto Castilla y León tiene el 18,1 % de la superficie forestal de España; la inversión en el sector agrícola y ganadero, puesto que la Comunidad concentra el 22,6 % de la superficie cultivada y el 17 % de la cabaña de ovino, porcino y bovino del país, y la conservación del rico patrimonio histórico y cultural, cuyo peso sobre el total nacional es muy superior al que representa nuestra población.
Un indicador más de que esa nueva ponderación es irrenunciable es el hecho de que el sistema vigente ha hecho que Castilla y León pierda peso sobre el total de recursos que se distribuyen entre las autonomías: hemos pasado de disponer del 7,29 % de los fondos del modelo de 2001, como media de todos los años de aplicación, al 6,55 % del que se aprobó en 2009.
En esta evolución negativa ha influido, por último, que en demasiadas ocasiones el Gobierno de España no ha cumplido con el principio de lealtad institucional, tanto en relación con decisiones que implicaban más coste para las comunidades (18 normas estatales, al menos, han ocasionado gastos no compensados) como respecto de otras relativas a los ingresos (11 regulaciones del Ejecutivo central, como mínimo, han repercutido en una merma de recaudación para las autonomías, o la han reservado íntegra para el Estado en tributos cedidos).
