La viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, se han reunido hoy en Salamanca con los máximos representantes de las consejerías en las delegaciones territoriales de Zamora, Ávila y Salamanca para continuar con la labor pedagógica del Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio. El nuevo modelo busca garantizar un empleo público más eficaz y eficiente de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales.
28 de mayo de 2013
Castilla y León |
Delegación Territorial de Salamanca
Los representantes de la Consejería de la Presidencia han trasladado a los tres delegados territoriales y a los jefes de servicio de las consejerías la clara apuesta del Ejecutivo autonómico por la defensa del municipalismo, para hacer la vida más sencilla al ciudadano y garantizar los servicios esenciales en el mundo rural sin la supresión de ningún municipio. A su vez, han destacado que el proyecto de ley expone como objetivos “potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes” de las corporaciones de Castilla y León, y para ello dispone de una serie de garantías que establezcan unos servicios públicos locales más eficaces y eficientes, todo ello con la aplicación de políticas de austeridad y racionalización del gasto en el personal público, la utilización conjunta de edificios públicos, y el uso de las nuevas tecnologías en su gestión.
La reunión de hoy es la última de los tres encuentros programados por la Consejería de la Presidencia para explicar a los jefes de departamento y jefes de servicio de todas las delegaciones de la Junta el nuevo modelo de ordenación del territorio, en su continuada función didáctica y explicativa por toda la Comunidad.
Racionalización en el gasto de personal público
La planificación y la gestión del personal de las mancomunidades de interés general tendrán como principios de actuación contribuir a la eficacia en la prestación de los servicios, la eficiencia en la utilización de los recursos humanos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, así como su mejor distribución y movilidad. Asimismo, todo ello se realizará con la garantía de los derechos adquiridos por el personal, siempre con estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, y respetando los límites que anualmente pueda prever la legislación presupuestaria correspondiente para todas las administraciones públicas.
En todo caso, el proyecto de ley presenta la austeridad en gastos de personal y por ello no permite que las mancomunidades de interés general tengan personal eventual o de confianza de naturaleza política, ni cargos directivos, o que estas convoquen oposiciones para puestos de trabajo de personal propio en los 3 años siguientes a ser creadas. Además, en la constitución de la nueva mancomunidad deberá garantizarse que cada municipio asociado no gastará, durante los 5 años siguientes a la asociación, más dinero del que venía gastando antes de dicha asociación.
La optimización de personal público actualmente existente se garantiza en el periodo de creación del nuevo modelo, de tal forma que cuando los municipios se asocien en las nuevas mancomunidades de interés general deberán ceder también el personal municipal que hasta entonces tenían ellos para el desarrollo de las competencias y funciones que han pasado a la nueva mancomunidad. De igual forma, cuando se efectúe la modificación o fusión de mancomunidades existentes, para convertirse en una mancomunidad de interés general, el personal que prestaba servicios en aquellas pasará a prestar servicios en la nueva mancomunidad constituida.
Respecto al trabajo de los secretarios municipales, la norma dispone que como mínimo cada secretario deberá atender un municipio o conjunto de municipios colindantes cuya población supere los 500 habitantes o que tengan unos presupuestos anuales que conjuntamente superen los 500.000 euros. Además, si los municipios pasan a incorporarse a una nueva mancomunidad de interés general, esas cifras se aumentan hasta el doble y cada secretario municipal deberá atender a una población como mínimo de 1.000 habitantes o que tengan un presupuesto conjunto superior a 1.000.000 euros, si bien en este caso podrán contar con el apoyo de personal auxiliar que les ayude a llevar todos los municipios que les correspondan.
Los secretarios que en la actualidad ya prestan sus servicios en las mancomunidades seguirán prestándolos en las nuevas mancomunidades de interés general que se configuren.
Uso conjunto de infraestructuras
El proyecto de ley prevé que el personal de la Administración autonómica y de las entidades locales utilice, cuando sea posible, los edificios, las infraestructuras y los espacios ya existentes para su uso conjunto para optimizar los recursos y mejorar la prestación de los servicios al ciudadano.
De igual forma, y buscando la eficiencia, la norma contempla la adopción de las medidas necesarias para el uso de los nuevos sistemas de administración electrónica, tanto en las comunicaciones para el intercambio de informaciones que deban realizarse entre sí las administraciones, como para relacionarse con los ciudadanos en las solicitudes y documentación que deban aportar, con el especial apoyo de las diputaciones provinciales.
