Milagros Marcos reivindica que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado y que se simplifique el sistema de gestión

26 de febrero de 2013

Castilla y León | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

 La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado hoy en la Comisión de Familia de las Cortes Regionales un balance de los primeros seis años de aplicación de la Ley de Dependencia. Seis años en los que Castilla y León ha dado, según la consejera, “respuestas ágiles” a los cambios normativos nacionales y a las “importantes deficiencias” con las que nació la Ley, y que no fueron superadas hasta 2011. Asimismo, se ha dotado de nuevos instrumentos para agilizar la tramitación de los expedientes, ha adaptado y ampliado los recursos, ha apostado por los servicios de calidad, frente a las prestaciones económicas y un modelo de subsidios, y ha dado amplia participación al Diálogo Social y al sector de los Servicios Sociales.

Todo ello ha permitido a Castilla y León situarse, según los expertos, siempre a la cabeza de España en el desarrollo y aplicación de la Ley. Sin embargo, la consejera no se conforma con ese óptimo resultado y ha reivindicado que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado, del mismo modo que la Educación o la Sanidad, y que no siga supeditada a las decisiones políticas o presupuestarias del momento.

“Estabilizar la financiación” es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo. “Sin garantía financiera no hay derecho por muchas leyes en que lo escribamos”, ha añadido Marcos, al mismo tiempo que ha recordado que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros.

De la misma forma, ha reclamado que se simplifique el sistema y se destinen “los escasos fondos que llegan del Estado” a la atención de las personas “y no a la gestión”. Y es que, como ha denunciado, el modelo de tramitación es tan complejo que, en ocasiones, “requiere un gasto en gestión de cada expediente similar o incluso superior al que la norma prevé como aportación del Estado a la Comunidad”.

La consejera ha invitado al PSOE a sumarse a ambas propuestas y a defender, sin demagogia, a las personas dependientes de Castilla y León, en lugar de promover “debates estériles”, “propuestas injustas o imposibles de alcanzar sin respaldo presupuestario”, que lo único que provocarían sería, a su juicio, “confundir a los ciudadanos”. Y, además, impediría, al tratarse de una ley, realizar con agilidad cualquier tipo de mejora en la aplicación de la Dependencia.

Milagros Marcos ha tildado, por ello, de “inoportuna e incoherente” la presentación por parte del PSOE de una proposición de ley de Dependencia, paralela a la del Estado y que colisionaría con la Ley de Servicios Social de la Comunidad, más aún cuando la han presentado tan sólo dos meses después de aprobarse los presupuestos de la Comunidad, sin que en ellos incluyeran enmiendas en esa dirección.

Aceptar esa proposición de ley pondría, además, “en riesgo” los avances que han alcanzado los Servicios Sociales en la Comunidad, según ha manifestado Milagros Marcos, quien ha recordado que Castilla y León es la Comunidad donde más personas reciben prestaciones en relación a su población, donde proporcionalmente menos personas con derecho están pendientes de percibirla, y una de las que más servicios profesionales proporcionan a sus dependientes y, por consiguiente, más empleo vinculado a la dependencia tiene.

Los hitos de la Ley, año a año
Castilla y León alcanzó en 2012 la “plena atención” a las personas con gran dependencia y dependencia severa, si bien el camino para conseguirlo ha sido largo. La consejera de Familia ha realizado un minucioso recorrido, año a año, por el desarrollo y aplicación de la Ley, deteniéndose en los aspectos normativos decretados por el Gobierno en cada momento, en las respuestas dadas desde Castilla y León a todos los cambios, avalados con datos.

2007. La consejera se ha remontado, por ello, al 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la Ley sin desarrollo normativo (sin baremo de valoración y sin criterios para determinar la intensidad de la prestación y su cuantía), lo que impedía en la práctica su aplicación, y con un modelo de gestión mucho más complejo que el de Sanidad o el de Educación, e insuficiente financiación.

Aún así, la Comunidad hizo los deberes y reguló, a través de una orden, el procedimiento para reconocer la situación de Dependencia, diseñó un modelo de solicitud y creó los elementos esenciales de la aplicación informática. Ante la falta de regulación nacional, Castilla y León acordó con el Diálogo Social y el Cermi regular, en diciembre de ese año, la capacidad económica del usuario y su copago, algo imprescindible para resolver las solicitudes. Esos avances permitieron a Castilla y León dictar en el primer año de la Ley un total de 3.542 resoluciones.

2008. Hubo que esperar a diciembre de 2008 –23 meses después de entrar en vigor la Ley- a que el Gobierno publicara los criterios para calcular la capacidad económica del usuario y su participación en el coste. Sin embargo, una sentencia de la Audiencia Nacional echó para atrás ese acuerdo y el resultado es que, seis años después de la Ley, España no tiene aún un criterio único para valorar la capacidad económica y el copago. Adelantarse al Gobierno hizo que la Comunidad pudiera atender a 1 de diciembre de 2008 a 24.000 personas (el 99% de las solicitudes) en un plazo medio de resolución de entre 10 u 11 meses, muy reducido en relación a otras comunidades.

2009. El reto de la Consejería de Familia en 2009 fue acortar los plazos para conceder las prestaciones. Y lo primero que hizo fue simplificar, en febrero de ese año, la tramitación, pasando de los 16 trámites que exigía la Ley, a cinco e incluso cuatro pasos. Los plazos se acortaron, de esta forma, a ocho o nueve meses.
En el mes de noviembre –tres años después de que se estuviera aplicando la Ley-, el Gobierno fija qué contenidos mínimos deben aportar las Comunidades al Sistema de Información de Atención a la Dependencia Estatal (SISAAD). Este retraso, unido a un funcionamiento “defectuoso” del sistema nacional, llevó a Castilla y León a optar, al igual que otras 10 autonomías, por su propio sistema informático. Los profesionales de la Comunidad cargan en el sistema nacional entre 90 y 110 datos por cada usuario, además de todas las modificaciones que requiere cada expediente. El Imserso se encarga de comprobar esos datos, como paso previo para realizar las liquidaciones mensuales que hace a la Junta de Castilla y León.

A 31 de diciembre de 2009, la Consejería había reconocido 38.157 prestaciones, un 58% más que en 2008, si se tiene en cuenta que el Gobierno dejó de publicar datos acumulados.

2010. Ese año Castilla y León da un nuevo paso en la simplificación de los trámites, con la aprobación de un nuevo modelo de solicitud que unificaba la petición de datos e información de carácter económico. Esto permitió a la Comunidad resolver en menos de seis meses de promedio la gran mayoría de las solicitudes. Castilla y León cumplía así, incluso antes de que lo exigiera el Gobierno, el plazo máximo de resolución de seis meses. Los datos publicados por el Imserso a 1 de diciembre indican que en Castilla y León eran 47.598 las personas que recibían la prestación (37,6% más que en 2009).

2011. El Gobierno publicó en 2011 el nuevo baremo de valoración de la Dependencia, los criterios para determinar las intensidades de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas. Para adaptarse a la normativa estatal, la Consejería da un paso definitivo en la atención profesionalizada y publica la orden que regula las prestaciones de la Dependencia, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. Ese año se cierra con 60.090 personas recibiendo prestación (un 26% más que en 2010).

2012. En 2012, en Castilla y León se crea una solicitud única para acceder a los Servicios Sociales, eliminándose así la doble puerta de acceso existente hasta la actualidad para personas que solicitaban la misma prestación por Dependencia o por Servicios Sociales. Esto hace que el sistema se consolide, agilice y simplifique en la Comunidad.

El Gobierno, tras realizar una evaluación del sistema, decide eliminar el nivel acordado de protección, reducir las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno nacional, reducir las cuantías del nivel mínimo de financiación, eliminar las cuantías mínimas que hasta ahora recibían todas las personas dependientes, con independencia de cuál fuera su capacidad económica, y retrasar la incorporación de personas dependientes de Grado I.

Estas decisiones “abundan aún más en el problema de financiación”, si bien, según ha destacado la consejera, al menos por primera vez el Gobierno atiende la reivindicación de Castilla y León de primar a las Comunidades que prestan más servicios que ayudas en el entorno familiar, al tener en cuenta no sólo el número de beneficiarios y su grado de Dependencia, sino también el tipo de prestación reconocida.

Todas estas modificaciones, además del escenario económico actual y el objetivo del déficit, obligaron a la Consejería a reaccionar de forma rápida para redefinir su sistema de atención a la Dependencia. Lo hizo tras firmar una declaración de compromisos con el Diálogo Social y suscribir un acuerdo con el sector, representado por Acalerte, Lares y Cermi. Se trataba de aumentar las cuantías de la ayuda para servicios profesionales de los dependientes de Grado II y facilitar su acceso a las personas con rentas más bajas. Por el contrario, disminuía las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar en un 15% más que lo decretado por el Gobierno.

Aunque estos cambios ocasionaron algunos retrasos, prácticamente ya solventados, en el reconocimiento de prestaciones en la Comunidad, lo cierto es que el año concluyó con 62.108 personas atendidas, 2.000 más que un año antes.

Y, además, estas decisiones han sido totalmente “coherentes” con el planteamiento del Tribunal de Cuentas, quien alerta de que si no se invierte la tendencia y las prestaciones económicas pasan a ser una excepción, “el sistema podría convertirse más en un sistema de subsidios que en una red asistencial de servicios”.