El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy un decreto que mejora el Registro de Documentos a Pagar de la Junta, que se amplía con la creación del nuevo Registro Contable de Facturas. Con ello se logra un triple objetivo: por un lado, dotar de un mecanismo más eficaz al control interno; por otro, reducir trámites administrativos y, por último, incrementar la transparencia, ya que los proveedores del Ejecutivo autonómico podrán consultar la información sobre el estado de sus expedientes cuando lo deseen.
Consejo de Gobierno del 23 de octubre de 2014
Castilla y León |
Consejería de Economía y Hacienda
La Junta de Castilla y León gestionó 541.992 facturas de proveedores de bienes o servicios en 2013, de las que por primera vez 3.540 se presentaron telemáticamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, que comenzó a funcionar en el segundo trimestre del año. Se trata de una cifra elevada que conlleva una importante carga de trabajo, puesto que como es preceptivo el contenido de todas ellas se graba en el Registro de Documentos a Pagar.
Con la aprobación del decreto de hoy este ‘almacén’ se complementa con el Registro Contable de Facturas, donde se anotarán a partir de ahora las que tengan un importe superior a 5.000 euros. Hecho esto, la información se trasladará también al actual Registro de Documentos a pagar. Esto implica que se establece una doble inscripción de los documentos de pago de mayor cuantía, puesto que además de figurar en el registro general contarán con un apartado específico.
Este cambio operativo, que cumple con lo establecido en la normativa básica estatal, tiene como segunda ventaja una sensible disminución de la tramitación administrativa, puesto que el procedimiento interno pasa a estar dirigido en su integridad por la Intervención de la Comunidad, y se establece como punto general de entrada la Plataforma de Facturación Electrónica de la Consejería de Hacienda.
Ahora bien, la principal funcionalidad del nuevo sistema es que permite canalizar toda la información sobre las facturas presentadas por los proveedores en los registros administrativos, con independencia del soporte que hayan utilizado para ello. En la práctica, esto supone que podrán consultar de inmediato su estado de tramitación cuando las hayan remitido electrónicamente. En el caso de que las hayan entregado en papel, podrán conocer los mismos datos con sólo formular una solicitud.
El periodo medio de pago se sitúa en 28,97 días en septiembre
El Ejecutivo autonómico ha apostado en los últimos años por la aplicación de las tecnologías de la administración electrónica al seguimiento de los pagos, y prueba de ello fue la aprobación en enero de 2013 de dos normas que han supuesto un notable avance en esta materia. Así, el Decreto 3/2013 creó la ya mencionada Plataforma de Facturación Electrónica, que recibe los documentos que envían por Internet las empresas que contratan con la Junta y, junto a esto, les permite confeccionarlos ‘on-line’ en la propia web. Por su parte, el Decreto 4/2013 reguló el Registro de Documentos a Pagar, que ha permitido acortar los plazos de grabación y tramitación de las facturas y ha facilitado su seguimiento a través del Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL2), donde se encuentra integrado.
Conviene recordar, al hilo de esto, que durante 2013 el Gobierno de España modificó la Ley de Contratos del Sector Público para imponer a los proveedores la obligación de presentar sus facturas en los registros administrativos con indicación precisa de los órganos encargados de su tramitación, y acortó los plazos para que las Administraciones hagan efectivos los pagos correspondientes. En la misma línea, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, fijó como metas la agilización de los procedimientos de pago y el control sistemático e informatizado de las facturas para erradicar la morosidad.
La Junta ha hecho suyas ambas obligaciones, como lo demuestra el hecho de que el periodo medio de pago global a proveedores se situó en 28,97 días en septiembre, una vez aplicado el nuevo método de cálculo establecido por Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Este dato se puede consultar en la página web del Gobierno de Castilla y León en Internet, dentro del apartado de Hacienda y Finanzas Públicas, desde hace más de un año, lo que una vez más da fe del compromiso del Ejecutivo con la transparencia.
